La Comisión de Justicia y Paz y Cáritas de la Conferencia Episcopal de Venezuela expresó su preocupación por el riesgo al que están expuestos los migrantes venezolanos, en especial las mujeres que dejan el país debido a la crisis.
"La Comisión de Justicia y Paz y Cáritas exhorta a las autoridades del Poder Público Nacional a investigar, perseguir, procesar y condenar a los responsables de los crímenes de trata de personas", expresaron.
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Además, hicieron un llamado a "garantizar a los familiares de las víctimas el acceso directo y sin ningún tipo de obstáculos a los cuerpos de seguridad del Estado y órganos judiciales con el fin de que puedan exponer sus casos".
También pidieron a las autoridades a brindar "justicia oportuna y sin dilación alguna, tal como lo prevé la Constitución y los distintos instrumentos internacionales de protección de derechos humanos que han sido suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela" a las personas afectadas.
La comisión alertó que esta situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan los migrantes que huyen de "la precaria situación que impide su subsistencia", puede ocasionar que sean víctimas de la trata de personas.
"Se esclavizan a migrantes bajo situación de 'explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos' (Resolución 55/25 Asamblea Naciones Unidas)", manifestaron.
En su comunicado, los obispos indicaron que se reunieron con un número representativo de familiares de las 28 personas que desaparecieron en Güiria, Estado Sucre (Venezuela), tras el naufragio de un bote que partió el 23 de abril con destino a la Isla de Trinidad y Tobago.
Señalaron que se corroboró que la mayoría de los desaparecidos fueron mujeres, quienes habrían sido contactadas para ofrecerles trabajo y mejores condiciones de vida. A esta situación se suma la desaparición de otra embarcación ocurrida en mayo.
Los familiares indicaron que aunque los cuerpos de las víctimas aún no aparecen, "los organismos encargados de hacer la investigación no dan respuesta oportuna".
"La Comisión observa con preocupación el aumento de este tipo de hechos no sólo en la zona oriental del país, sino también en las zonas fronterizas de Falcón, Brasil y Colombia", enfatizaron los obispos.
La comisión de la CEV advirtió que en estas zonas fronterizas también operan "grupos de delincuentes que ponen en peligro la vida y la integridad física y la dignidad de mujeres, especialmente jóvenes y menores de edad".
Esta situación genera "una enorme zozobra y desesperación" en sus familias, afectando a niños que quedan en situación de abandono, indicaron.
Manifestaron su compromiso con las personas afectadas, a quienes continuarán brindando apoyo en el seguimiento de los casos, a fin de obtener justicia, la información oportuna y el esclarecimiento de los hechos.
"Luchemos contra la venta de niños, mujeres y hombres como esclavos para dedicarse a la mendicidad, la prostitución o trabajos forzados", exhortaron.
