La Fiscalía Nacional de Chile decidió dejar sin efecto el convenio de colaboración firmado el 30 de abril con la Conferencia Episcopal de Chile (CECh), que buscaba mejorar el proceso de investigación contra miembros de la Iglesia local acusados de abusos sexuales.
El fiscal nacional Jorge Abbott tomó esta decisión luego de recibir y escuchar a agrupaciones de víctimas de abusos críticas al acuerdo, como la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos y la Fundación para la Confianza.
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El convenio obligaba a la Iglesia a denunciar ante el Ministerio Público, en menos de 24 horas, una vez conocido el supuesto delito de abuso. El acuerdo comprometía a la Fiscalía a mantener "estricta reserva" de la identidad de la presunta víctima y evitar que terceros tomen conocimiento de órdenes de allanamientos a instituciones religiosas.
La firma del acuerdo ocurrió tras un diálogo de más de un año entre ambas partes y a raíz de los buenos resultados obtenidos en el Servicio de Escucha, establecido en 2018 por el enviado del Papa Francisco a Chile, Mons. Charles Scicluna, y del cual se han derivado más de 60 denuncias al Ministerio Público.
En su comunicado del 6 de mayo, la Fiscalía explicó que "el objetivo del convenio era generar un canal de acceso a la justicia para aquellas víctimas que denuncian en el seno de la Iglesia, ampliando el estándar legal establecido y asegurando la confidencialidad de las víctimas en el caso de que ellas lo requirieran".
Sin embargo, "la Fiscalía Nacional lamenta profundamente que la firma del documento, como acto simbólico, haya generado desconfianza y producido un impacto doloroso en las víctimas, situación que no fue ni prevista ni deseada por la institución".
La institución reiteró que las víctimas de delitos, especialmente sexuales y violaciones de derechos humanos, "han estado siempre en el centro de su preocupación, por mandato constitucional y por convicción, asegurando su correcto acceso a la justicia".
"Es por esto que son prioritarias todas las acciones que se adopten en miras de facilitar que una víctima sea acogida, escuchada, protegida y reparada", sostuvo.
Por su parte, el Episcopado chileno dijo que comprende la decisión del fiscal nacional y aclaró que "nunca hemos buscado un trato preferente con este convenio".
La CECh explicó en su comunicado que el propósito del acuerdo "fue dar mayores garantías a las personas denunciantes de abuso sexual, especialmente a quienes no desean hacer su relato ante las instancias del Estado, y colaborar para que toda denuncia sea investigada por el Ministerio Público".
"Nunca hemos buscado un trato preferente con este convenio. Nuestro objetivo fue explicitar en un documento formal con los estándares establecidos por el Ministerio Público, nuestra disposición a colaborar más allá de lo que la sola ley estipula", agregó.
Junto con lamentar que la firma del convenio "haya causado un impacto doloroso en víctimas y sobrevivientes de abuso", la CECh ratificó su voluntad de "realizar todo lo necesario para aportar los antecedentes que reciba la Conferencia Episcopal y que ayuden a las instancias del Estado a esclarecer la verdad y hacer justicia".
En la actualidad, la Fiscalía Nacional tiene 166 investigaciones sobre denuncias de abusos sexuales cometidas presuntamente al interior de la Iglesia en Chile contra 248 personas.
El fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, que estaba a cargo de estos casos, fue suspendido de sus funciones mientras se le investiga por presunto tráfico de influencia, entre otros delitos. Quedó a cargo el fiscal regional subrogante, Javier von Bischoffshausen.
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