Christians Solidarity Worldwide (CSW), una fundación de derechos humanos con sede en el Reino Unido condenó los "ataques intencionales" cometidos contra centros de culto en Sudán desde que el 15 de abril estallaron los combates entre las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).
En un informe del martes 16 de mayo, el presidente fundador de CSW, Thomas Mervyn, señala que hombres armados han atacado intencionalmente lugares de culto y a líderes religiosos, y se han apoderado de algunos de estos centros para utilizarlos como "bases militares".
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Mervyn advierte que estas acciones "violan los derechos humanos internacionales y el derecho humanitario" y "pueden constituir crímenes de guerra".
Según funcionarios de CSW, el 13 de mayo seis hombres armados atacaron la iglesia copta Al-Masalma en Omdurman, en la capital Jartum, y mataron a cuatro personas, incluido el sacerdote y su hijo.
Asimismo, de acuerdo a los informes, el 14 de mayo las RSF desalojaron de la iglesia copta ortodoxa de Santa María al obispo Elia, obispo de Jartum y Sudán del Sur, y a otros miembros del clero para convertir el templo en base militar.
Se indica que los miembros de las RSF acosaron durante una semana a las personas que estaban dentro de la iglesia copta antes de obligarlas a irse.
Los edificios católicos también han sido dañados por la artillería. En abril, los cohetes alcanzaron la Catedral María Reina de África, de la Diócesis de El-Obeid. Parte del Centro de Formación Profesional San José, en Jartum, también ha sido destruido.
CSW informa asimismo que varias mezquitas en Sudán han sido atacadas.
Por ello, Mervyn ha pedido a Radhouan Nouicer, designado experto del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Sudán, que tome nota de las violaciones de derechos humanos en esta nación del noreste de África.
El funcionario de CSW también instó a la comunidad internacional a "comprometerse con un apoyo a largo plazo para la promoción, protección y cumplimiento de los derechos humanos, y a facilitar una participación amplia y significativa de la sociedad civil en las negociaciones sobre una transición democrática pacífica".
Mervyn señala que la protección de los derechos humanos en Sudán "es la única manera de asegurar una solución política efectiva basada en una identidad sudanesa inclusiva, el Estado de derecho, los derechos humanos y la rendición de cuentas".
Según los informes, al menos 700 personas han muerto y cientos de miles han sido desplazadas desde que estalló la violencia entre el general Abdel Fattah al-Burhan y las RSF, la fuerza paramilitar dirigida por el general Mohamed Hamdan Dagalo.
El 11 de mayo, representantes de las RSF y de las SAF firmaron la Declaración de compromiso de Jeddah para proteger a los civiles de Sudán.
El documento, suscrito en Jeddah (Arabia Saudita), no es un acuerdo de alto el fuego, sino un reconocimiento de que ambas partes en conflicto están obligadas a promover la acción humanitaria para satisfacer las necesidades de la población.
En el informe del 16 de mayo, Mervyn indica que si bien la firma de este compromiso es "un paso inicial encomiable" en caso de que se cumpla, es necesario un "alto el fuego inmediato e incondicional".
Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en ACI África.
