El Director de la Oficina para América Latina del Population Research Institute (PRI), Carlos Polo, advirtió que el CEDAW no tiene competencia para obligar al Perú a aprobar el aborto terapéutico, tal como quieren hacer creer los grupos abortistas.
Polo se refirió al reciente pronunciamiento del Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de la ONU (CEDAW), que sancionó al Perú por negarse a practicar el aborto terapéutico a una adolescente y lo llamó a establecer un mecanismo que legalice esta práctica.
Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram
Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy:
El hecho se remonta a 2007, cuando la menor L.C., entonces de 13 años, quedó embarazada producto de una violación. La niña intentó suicidarse lanzándose del techo de su casa, tras lo cual quedó inválida.
Este caso fue aprovechado por grupos abortistas que exigieron que se le practique un aborto, argumentando que con esto la niña recuperaría su movilidad. Sin embargo, los médicos se negaron al señalar que el embarazo no tenía nada que ver con la inmovilidad de la menor, ya que éste se generó por la rotura de una vértebra cervical producto de la caída.
En declaraciones este martes a ACI Prensa, Polo advirtió que "el CEDAW no tiene competencia para obligar al Perú porque solo vigila un tratado donde el ‘derecho al aborto’ no se menciona. De hecho ‘el derecho al aborto’ no es una política de la ONU".
"Estos miembros del Comité que recomiendan legalizar el aborto lo hacen a título personal y no tienen representación de la ONU. Eso lo sabe cualquier funcionario del Ministerio de RREE de cualquier país", afirmó.
Por ello, criticó a los grupos abortistas que, a través de los medios de comunicación, han hecho creer a la opinión pública que el país está obligado a cumplir lo que dice este comité. "Los grupos abortistas no tienen ningún reparo en construir sus argumentos con mentiras, pero las autoridades si tienen la obligación de rechazar esta iniciativa", señaló.
Por su parte, Carol Maraví, coordinadora nacional de Unidos por la Vida y la Familia, criticó a la ONG Promsex por aprovecharse de este caso para impulsar el aborto terapéutico en Perú.
En declaraciones a ACI Prensa, recordó que los médicos concluyeron "que operar a la niña en ese momento no iba a mejorar en nada su pronóstico de vida o de calidad de vida. ¿Para qué poner en riesgo la vida del bebé si no iba a beneficiar en nada la salud de la madre? Esa fue la conclusión del comité de ética". Por tanto, señaló, el caso no calificaba "para pedir un aborto terapéutico".
Maraví explicó que cuando hay casos de riesgo para la salud de la madre, lo que hacen los médicos es intentar salvar la vida de la mujer embarazada, "lamentablemente si se pierde la vida del niño en el proceso (…), en ese caso el fiscal averiguará y sabrá que salvando a la madre se perdió al niño".
Por su parte, Polo recordó que "el aborto no es un servicio médico esencial, como sí lo es salvar al niño y a la madre".
"Sobre salvar al niño, los grupos feministas no dicen nada. Solamente reclaman revisar la despenalización del aborto. Eso en resumen es instrumentalizar a la niña para lograr sus metas políticas. Yo sé de una organización que le ofreció ayuda a la niña L.C. para ayudar con su discapacidad y estos grupos la tienen prácticamente secuestrada. Por lo tanto, el Estado debería salir al frente y desmontar esta patraña", expresó.