El congresista Alejandro Muñante, uno de los voceros del Bloque Vida y Familia en Perú, denunció que grupos promotores del aborto han empezado a utilizar el trágico caso de una niña de 11 años que habría sido abusada por su padrastro, para promover el aborto legal.
"Lo que yo veo es la utilización de este caso por el lobby abortista. No estoy viendo realmente una preocupación genuina. No se habla nada de protección y acompañamiento de esta menor, no sólo en este trance, sino también en lo que le deviene después", señaló en una entrevista concedida a ACI Prensa el 10 de agosto.
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"Esto pasa siempre. Cuando se habla de una niña violada que queda embarazada, después ya no vemos que estas personas que dicen preocuparse por el estado de la menor la acompañen. Eso es lo que me preocupa, la utilización de estos casos para promocionar el aborto", agregó.
El 9 de agosto, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó sobre el caso de una menor de 11 años que fue víctima de abusos en la ciudad de Iquitos, en la región amazónica de Loreto, al noreste del país.
Actualmente la menor, identificada como "Mila", tiene 17 semanas de gestación y ha sido trasladada al Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP), en Lima, donde recibe atención médica.
Respecto al autor del delito, se sospecha de su padrastro, un hombre de 41 años que, aunque está siendo procesado por violación, quedó en libertad con comparecencia restringida. Este 10 de agosto, el MIMP ha solicitado a la Corte Superior de Justicia de Loreto que disponga su detención.
Muñante señaló que se une al pedido del MIMP y afirmó que "corresponde la cadena perpetua para el principal responsable de todo este execrable hecho". "El violador debería purgar cadena perpetua. Eso ya está dispuesto en nuestro Código Penal", expresó.
Además, indicó a ACI Prensa que el 9 de agosto ha enviado un oficio al Ministerio de la Mujer para que "que no escatimen ningún esfuerzo en otorgar las máximas atenciones al cuidado de la menor".
"Frente a la solución facilista de algunas ONG que promueven el aborto, nosotros más bien estamos preocupados por darle la mayor cobertura de atención a la menor y que el Estado realmente pueda cumplir su labor tutelar, de proteger a las menores a través de los programas sociales", agregó el vocero del Bloque Vida y Familia del Congreso.
Presiones para practicarle el aborto a "Mila" y promover esta práctica ilegal
El procedimiento de aborto terapéutico le fue negado a la menor el 4 de agosto por una junta médica en el Hospital Regional de Loreto, rechazando la solicitud que había sido enviada por la Unidad de Protección Especial de Loreto del MIMP.
Este jueves, la Ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, anunció a la prensa local que una segunda junta médica reevaluará el caso a pedido de la familia, con la finalidad de reconsiderar aborto terapéutico.
Además del Ministerio, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha instado al Estado peruano a reconsiderar la aplicación de esta práctica. También se han unido a este pedido organizaciones feministas peruanas que promueven la legalización del aborto.
Carlos Polo, director de la Oficina para Latinoamérica del Population Research Institute, advirtió en una entrevista concedida a ACI Prensa el 10 de agosto, que hoy "se preocupan de Mila porque existe un lobby que quiere su ley de aborto". "Una vez conseguida la ley de aborto, se olvidarán de las niñas como Mila".
Muñante coincide en que los organismos internacionales y ONG's "tratan de que el Perú utilice la figura del aborto terapéutico como una especie de 'escaparate' para todos los casos de aborto que se quieren legalizar. Por ejemplo, de afectarse la salud mental o emocional o social de la mujer, ya pretenden aplicar el aborto terapéutico".
"Recordemos que el aborto terapéutico en nuestro país, si bien es cierto, está despenalizado, solamente se usa para casos graves de agrave afectación a la salud o la vida de la madre", explicó el congresista.
El aborto es ilegal en Perú y es considerado un delito que merece ser sancionado. No obstante, desde 1924 el aborto terapéutico es un delito que "no es punible", es decir que no tiene pena de cárcel. Según el artículo 119 del Código Penal, para que el aborto no sea punible debe ser el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente.
Al respecto, Polo manifiesta que "desde el punto de vista médico, mientras se puedan salvar las dos vidas, el caso de Mila no se ajusta al protocolo de aborto terapéutico".
Asimismo, explicó que "evidentemente en el caso de Mila, hay otros medios para asegurar su vida y su salud". "Las dos juntas médicas que exige el protocolo deberían indicar la razón por las cuales el único medio tendría que ser el aborto y afirmar que no existe otra alternativa".
Muñante, por su parte, indicó que en el examen y deliberación de la junta médica "no cabe la opinión general, de un periodista, de un juez o un fiscal", sino que el grupo de especialistas conforma "la máxima instancia deliberante en cuanto a la aplicación o no de un aborto".
"Obviamente nadie quisiera que un familiar pase por eso, pero cuando estamos ante un caso de esta naturaleza ya no se habla de una sola vida, sino ante dos vidas, y el Estado tiene que procurar salvaguardar ambas", aseguró el parlamentario.
"Se está desenfocando lo que realmente significa un aborto terapéutico", subraya.
La defensa de las dos vidas
El director de la Oficina para Latinoamérica del Population Research Institute enfatizó que el "aborto no es un derecho".
"El aborto matará a un niño sano ya concebido, que tiene derecho a la vida reconocido constitucionalmente. No se le puede discriminar y matar por la manera de haber sido concebido, pues él no tiene la culpa de los crímenes del progenitor", sostuvo.
Muñante también resaltó que, después de la tragedia de la violación sexual de la menor, hay dos menores "por salvar y atender". "La de 11 años y el que lleva en su vientre. La solución para esta tragedia no puede ser matar" a uno u otro.
Polo considera además que de ningún modo el aborto puede considerarse "salud", debido a que esta práctica "no va a curar o librar del trauma de la violación".
"Lo que ella necesita son cuidados médicos, atención psicológica, protección para que no vuelva a ser violada, ayuda económica. El aborto no va a 'desviolar' a la niña. El niño ya concebido necesita estos mismos cuidados y atenciones, y que se respete su derecho a la vida reconocido constitucionalmente", continuó.
Una solución en estos casos, agrega, "es quizás dar en adopción al niño por nacer".
El congresista Muñante considera que en el Perú "debería haber una política integral de seguridad de las niñas y adolescentes", porque "justamente a raíz de estos casos se ve que la gran mayoría de violadores están en el propio seno familiar".
"Las autoridades locales deben implementar una alarma para poder monitorear esas familias. Lamentablemente justamente ahí falta capacitación, falta concientización. No hay una política integral de seguridad de las niñas", lamentó.
El congresista informa que desde el Parlamento, la bancada provida ha presentado varios proyectos de ley en favor de la protección de las niñas contra la violencia sexual y que inclusive han sido aprobados.
En noviembre de 2022, el gobierno promulgó la "Ley que promueve los servicios de protección temporal para víctimas de violencia familiar y sexual". Esta tiene el objetivo de fortalecer los hogares de refugio temporal, a fin de garantizar un servicio de calidad para la protección y reintegración de las mujeres e integrantes del grupo familiar víctimas de violencia. Asimismo, dicha ley promueve la "implementación de los hogares de refugio temporal a cargo de los gobiernos regionales y gobiernos locales".
En marzo de 2023, agrega Muñante, se promulgó la "Ley que promueve la Creación del Observatorio Nacional para la Vigilancia de la Salud Integral de la Madre Gestante y del Recién Nacido", a fin de reducir la mortalidad materna, fetal, perinatal y neonatal en el país.