Los Obispos de El Salvador y grupos defensores de la vida en el país denunciaron una ofensiva del lobby feminista anti-vida para legalizar el aborto, manipulando el caso de "Beatriz" –nombre supuesto–, una joven embarazada que padece lupus y que lleva en el vientre a un bebé anencefálico.
La presión abortista, apoyada por diversos medios de comunicación nacionales e internacionales, busca –intentando convencer a la opinión pública de la supuesta necesidad del aborto terapéutico en el caso de "Beatriz"– que se introduzcan modificaciones a la legislación de El Salvador.
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La Conferencia Episcopal de El Salvador, en un comunicado difundido el 27 de abril, aseguró que, contrariamente a lo dicho por el lobby abortista en el país, "denegar el procedimiento solicitado por 'Beatriz', en función de la protección del que ha de nacer, no constituye violación de derechos constitucionales".
Los Obispos salvadoreños precisaron que los médicos "deben salvaguardar la vida de la madre y la de su hijo, realizando los procedimientos éticos y médicos adecuados".
"Este caso no debe ser utilizado para legislar en contra de la vida humana, especialmente en contra del no nacido", aseguraron.
Los Prelados recordaron que la Constitución del país reconoce como persona humana "a todo ser humano desde el instante de la concepción", por lo que tiene el derecho a la vida, y el Código Penal subraya que "ninguna persona o autoridad puede violar estos preceptos constitucionales y atentar contra la vida de un inocente cometiendo el delito de aborto".
Por su parte, en declaraciones a ACI Prensa, Georgina de Rivas, presidenta de la fundación Sí a la Vida, advirtió que en El Salvador "en este momento estamos atravesando por una situación gravísima".
Rivas señaló que "el 17 de abril fue admitida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda (presentada por 2 abogados) solicitando aval para efectuar un aborto terapéutico a Beatriz, quien es una joven madre de 22 años que se encuentra embarazada con un embarazo anencefálico, que padece de lupus y que supuestamente se encuentra ante un riesgo inminente de morir".
Durante este tiempo, denunció la líder pro-vida, "han mantenido oculta a Beatriz y los médicos (demandados) no han podido dar declaraciones".
"Extraoficialmente los médicos de maternidad se han comunicado con los de Asociación Bioética de El Salvador (ABIOES) y han informado que Beatriz esta estable, razón por la que no se habían visto en la necesidad de intervenir o internarla en el hospital", reveló.
El lobby abortista ha desinformado a través de los medios de comunicación, advirtió Rivas, afirmando falsamente "que la legislación en El Salvador considera el aborto como un homicidio y tiene pena de hasta 30 años y es por esa razón que los médicos no han podido dar la atención a la paciente, lo cual es falso".
En casos como la cadena británica BBC, se aseguró que "la ley salvadoreña estipula que quien practique un aborto o la mujer que se someta a una operación de tipo pueden ser encarcelados hasta por 50 años".
Georgina de Rivas desmintió esto, explicando que en la normativa del país "específicamente se tipifican en un capitulo el homicidio y sus formas y en otro separado los delitos relativos a la vida del ser humano en formación en los que las penas máximas oscilan entre los 8, 10 o 12 años".
"La situación es horrible y la presión para que la CSJ dicte sentencia inmediatamente es muy fuerte", señaló.