El Foro Español de la Familia (FEF), recordó a la ministra de igualdad, Bibiana Aído, que la intención de que los objetores de conciencia al aborto sean inscritos en un registro es discriminatoria, porque va contra el derecho a la intimidad y contra la libertad ideológica y religiosa.
"Pretender obligar a los objetores de conciencia frente al aborto a que se inscriban en un registro, es una medida discriminatoria que permitiría poner en marcha listas negras y cazas de brujas por motivos ideológicos como sucedía en los regímenes totalitarios del siglo pasado", expresó el presidente del FEF, Benigno Blanco.
Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram
Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy:
El FEF recordó que el Tribunal Constitucional precisó en 1985 que la objeción de conciencia es un derecho que forma parte de la libertad ideológica y religiosa garantizada por la Constitución y por lo tanto no puede subordinarse su ejercicio a la previa inscripción en registro alguno, trátese de un registro administrativo o de un registro organizado por los colegios profesionales.
Blanco dijo que las palabras de la ministra, reclamando una regulación de la objeción con la limitación de que se garantice la "prestación del servicio", demuestran que "desconoce la verdadera naturaleza de la libertad ideológica y religiosa y de su expresión en la objeción de conciencia".
Por otro lado, el foro señaló que la nueva ley del aborto "sólo ha aumentado la seguridad jurídica de presuntos delincuentes, como el doctor Morin, a los que se les está liberando de las acusaciones penales que existían contra ellos y, por el contrario, esta generando nuevos ámbitos de inseguridad jurídica, entre otros, a los profesionales de la salud que se niegan a colaborar en la eliminación de la vida del niño por nacer".
"Se va así poniendo de manifiesto la gran mentira de la propaganda con la que desde el Gobierno se ha querido vender una Ley que no supone más que desproteger jurídicamente al no nacido, a la mujer y a los propios profesionales de la salud", indicó el FEF.