La rama polaca de la trasnacional anti-vida International Planned Parenthood Federation (IPPF) exigió al Primer Ministro, Donald Tusk, intervenir para obligar a una adolescente de 14 años –presuntamente violada– a que aborte según los deseos de su madre. La infortunada joven ha expresado su intención de conservar al bebé y, según algunas versiones, habría resultado embarazada de su novio.
La joven, conocida solo como "Agata", soporta las presiones de su propia familia y de la activista anti-vida polaca Wanda Nowicka, de la IPPF, quienes quieren obligarla a abortar. Mientras tanto, distintos agentes pro-vida y un amigo sacerdote le han ofrecido la ayuda necesaria para que pueda tener a su bebé en su ciudad, Lublin, en donde ningún hospital accedió a practicarle el aborto.
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Sin embargo, explica el sitio pro-vida LifeSiteNews.com, Agata fue llevada a Varsovia para forzarla a abortar. Una vez allí el psicólogo de la institución conversó con ella y aconsejó a los médicos que le dieran más tiempo para pensarlo.
En ese momento, la joven daba distintos opiniones contradictorias a sus amigos: les decía que la estaban obligando a abortar, pero también les decía que quería abortar. Mientras tanto distintos grupos pro-vida se movilizaban para impedir el aborto de Agata. Uno de estos grupos denunció las presiones de Wanda Nowicka, por lo que la policía comenzó la investigación y el caso llegó a los medios.
Actualmente Agata está segura y recibe apoyo de muchos polacos en todo el país. Sin embargo las presiones abortistas continúan para que cambie de opinión y estarían coordinando la realización del aborto fuera de Polonia. Las presiones se deberían a que con este caso se quiere sentar un precedente para liberalizar el aborto en el país.
El diario polaco con sesgo abortista Gazeta Wyborcza, defendió a la IPPF y a Nowicka. Presentó el caso como la violación de una adolescente y acusó a los defensores de la vida de hacerle "vivir un infierno".
Actualmente las fiscalías de Varsovia y Lublin investigan si la joven es persuadida por terceros para tomar la decisión de abortar, como denuncian las organizaciones pro-vida. La ley polaca no penaliza el aborto cuando el embarazo es resultado de un delito como la violación. En tales casos esta práctica anti-vida es legal hasta la semana 12 de gestación.