El Secretario General de la Conferencia Episcopal Colombiana (CEC), Mons. Fabián Marulanda, expresó el pesar y la solidaridad de la Iglesia para con los familiares de los once diputados muertos y reafirmó la necesidad de trabajar por el acuerdo humanitario, la paz y la reconciliación.
"La Iglesia piensa en el dolor de los familiares y les hace llegar su manifestación sincera de pesar y de solidaridad", declaró a la prensa, y advirtió que "el secuestro es un crimen detestable que se agranda con el hecho de que los secuestradores no tengan cuidado con la vida de aquellos a quienes privan de la libertad".
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En ese sentido, recordó que todavía quedan muchos colombianos secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y señaló que "el país espera de ellos (los guerrilleros) gestos y hechos de paz, no de guerra".
El Secretario General de la CEC reiteró que la Iglesia "seguirá trabajando sin descanso" para conseguir la paz "por caminos de reconciliación, de verdad, de justicia y de reparación", por lo que "continuará abogando por la liberación de todos los secuestrados, ojalá por medio del acuerdo humanitario".
Asimismo, tras señalar que "la primera reacción es pensar que ojalá eso (la muerte de los diputados) no fuera verdad", el Prelado dijo que "el comunicado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia plantea muchos interrogantes que en este momento se tratan de esclarecer".
Mons. Marulanda también hizo un llamado al Gobierno, sociedad civil, políticos, organizaciones que trabajan por la paz y demás estamentos, para que se adopte "una política de paz que sea política de Estado y que no esté sometida a intereses políticos y electorales".
Por su parte, el gobernador del departamento del Valle del Cauca (al que pertenecían los diputados), Angelino Garzón, pidió a las FARC que "digan dónde están los cadáveres y los entreguen inmediatamente a una comisión formada por la Cruz Roja y de la Iglesia Católica".
Según la versión de las FARC, el 18 de junio once de los doce diputados de la Asamblea del Valle, secuestrados en abril de 2002, "murieron en medio del fuego cruzado cuando un grupo militar sin identificar hasta el momento atacó el campamento donde se encontraban". Según la guerrilla, sólo sobrevivió el legislador Sigifredo López.
Sin embargo, el Gobierno negó que se hubiese realizado dicha operación militar, pues según el comandante general de las Fuerzas Armadas, general Freddy Padilla, "no se ha tenido conocimiento alguno sobre la exacta ubicación del lugar de cautiverio" de los parlamentarios. El ministro de Interior y Justicia, Carlos Holguín, no descartó que las muertes sean producto de un choque entre guerrilleros y paramilitares.
Los once parlamentarios fallecidos formaban parte del grupo de 56 rehenes a quienes las FARC exigen canjear por guerrilleros presos.