Diversas organizaciones y personalidades civiles deploraron la muerte de Inmaculada Echevarría, una paciente de distrofia muscular progresiva a la que los médicos retiraron el soporte respiratorio que recibía desde hace nueve años, por tratarse de un caso de eutanasia que no tiene amparo legal ni moral.
Según la presidenta de la Federación Estatal de Asociaciones Pro-Vida, Alicia Latorre, este caso podría tomarse "como una bandera para abrir las puertas a la eutanasia" en España.
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Para Natalia López Moratalla, doctora en Ciencias Biológicas y catedrática de Bioquímica, el caso de Echevarría es “eutanasia pura y dura”, pues no hubo un "ensañamiento inútil sobre su salud".
Al mismo tiempo, el Foro Español de la Familia (FEF) recordó que ante el dolor y las enfermedades terminales se debe “apostar por los cuidados paliativos y una medicina humana”. “Privar voluntariamente a una persona de alimentación o respiración que la mantienen en vida es abrir una puerta a la Eutanasia. Abierta esta puerta ya no hay límites objetivos que permitan mantener un compromiso activo con la vida humana y se da así pie a progresivos abusos, como demuestra la experiencia histórica de todos los países que empezaron a recorrer ese camino”, señaló.
Por su parte, el Presidente de la Asociación Española de Bioética (AEBI), Manuel de Santiago, criticó el “contrasentido” entre dos decisiones tomadas por dos gobiernos socialistas: la de desconectar del respirador a Inmaculada Echevarría, y la de alimentar forzosamente al etarra Iñaki de Juana Chaos mientras permanecía en huelga de hambre
Echevarría falleció a las 21:00 horas de ayer en el Hospital San Juan de Dios de Granada, donde fue trasladada a pedido de la clínica privada San Rafael. La paciente tenía 51 años de vida y desde los 11 sufría una enfermedad que la hizo perder la movilidad de casi todo su cuerpo. Desde hace nueve años necesitaba un respirador para mantenerse con vida.